Antes de que acabe este mes de septiembre, la Consellería de Economía e Industria prevé sacar sus ayudas para fomentar la compra del ya famoso coche eléctrico. La financiación se divide entre la Xunta y el Gobierno central y cubre entre un 15% y un 20% del coste del vehículo. Desde motos, a turismos, pasando por autobuses. "El ahorro y la eficiencia es una prioridad para nosotros", asegura Eliseo Diéguez, máximo responsable del Instituto Enerxético Galego (Inega), encargado de aplicar aquí las subvenciones del Plan Movele.
El problema es que la comunidad no dispondrá a corto plazo de puntos de conexión para cargarlos. Posiblemente a eso se dedicarán parte de los fondos, aunque en todo caso el Inega esta todavía "estudiándolo". No hay, por tanto, ningún calendario encima de la mesa para implantar electrolineras en las ciudades gallegas, ni tampoco conversaciones con los ayuntamientos para impulsarlas, como ya ha hecho el Ministerio de Industria con Madrid, Barcelona y Sevilla. Una incógnita sobre la respuesta que este tipo de automóviles tendrá en el mercado.
Y eso que para el ministro Miguel Sebastián los coches eléctricos son una "cuestión de Estado". Tanto, que la administración los presenta como uno de los ejes del Pacto por la Energía que se ofrece a la oposición, como uno de los referentes de la próxima Ley de Economía Sostenible y una de las "prioridades industriales" a fomentar durante la presidencia española en la UE. Si todos los coches que circularan hoy por las carreteras españolas fueran eléctricos, las emisiones de dióxido de carbono se reducirían en más de 4.400 toneladas al año, el ahorro en la factura por consumo de petróleo alcanzaría los 11.000 millones de euros y la dependencia energética del exterior caería en 20 puntos.
Claro que ése es un objetivo demasiado ambicioso. Por el momento, la intención de Industria es que en dos años salgan a la calle 2.000 vehículos eléctricos, tanto por parte de particulares, como de empresas y de instituciones públicas. El presupuesto para las ayudas directas a la compra -de entre 750 y 20.000 euros, aunque con un tope máximo de 7.000 en el caso concreto de los turismos, y que se podrán tramitar directamente en los concesionarios- asciende a 8 millones de euros, a los que se añaden 500.000 euros para asistencia técnica y otros 1,5 millones para la creación de infraestructuras. Como las que pondrán en marcha Barcelona, Madrid y Sevilla, las únicas ciudades en las que existen ya cargadores para los coches eléctricos. Entre las tres prevén un total de 546 puntos de recarga que se asentarán, sobre todo, en aparcamientos de concesión municipal.
Los alcaldes de las tres ciudades, presentes ayer durante la presentación del Plan Movele junto a Miguel Sebastián, insisten en la apuesta de sus ayuntamientos por el coche eléctrico, y especialmente Jordi Hereu, el regidor barcelonés, por el importante peso de la industria del automóvil en la comunidad, a la que pidió "su implicación". "El vehículo eléctrico es uno de los mejores exponentes del nuevo modelo de crecimiento que necesita la economía española -asegura el ministro de Industria-. El vehículo eléctrico es tecnología, innovación, alto valor añadido, empleo de calidad, exportación, ahorro energético, menor dependencia energética y menores emisiones de dióxido de carbono".
Pero es que hay todavía más. Una aplicación que a Galicia debería importarle. Mucho. Como una de las grandes potencias mundiales en energías renovables. La electricidad no se puede almacenar. O se consume en el momento, o se pierde. En las fuentes convencionales, la gestión es más sencilla. Dentro de ciertos márgenes -las centrales nunca se pueden apagar del todo-, la producción con carbón o nuclear se puede regular, con más o menos intensidad de las plantas, pero en la hidráulica, la solar y, sobre todo, la eólica, no. Los picos más altos de actividad en los parques de aerogeneradores, además, suelen coincidir con momentos en los que la demanda de electricidad cae, durante la noche. Por eso el gestor del transporte eléctrico en España, la empresa Red Eléctrica de España (REE), siempre insiste en que los ambiciosos planes de crecimiento eólico de Galicia -que aspira a llegar a 2012 con 6.500 megavatios (MW) instalados- y del resto de comunidades con potencial de viento necesitan del coche eléctrico para aprovechar al máximo la producción y evitar desequilibrios en el sistema. Estos vehículos ecológicos servirían -según las tesis del presidente de REE, Luis Atienza- como acumuladores de esa energía y como recurso del que echar mano si hace falta devolver ese excedente a la red.
